irregularidades en exportaciones de libros a Venezuela.



Un grupo especial integrado por cinco organismos públicos realiza un informe para la Justicia sobre una millonaria exportación de libros a Venezuela, cuya legalidad está bajo sospecha. Con ese material, la jueza Gatti comenzará a tomar testimonios.

El grupo está integrado por funcionarios de la Secretaría Antilavado de la Presidencia, el Banco Central, la Dirección General Impositiva, el Instituto Técnico Forense y la Policía. El equipo maneja básicamente dos posibles ilícitos: lavado de dinero o sobrefacturación de exportación a raíz de la utilización de un tipo de cambio preferencial en Venezuela, dijeron fuentes del caso consultadas por El País.

La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe convocaron a este grupo que los asesora porque lo consideraron necesario.

La investigación de este grupo especial sobre la exportación a Venezuela realizada por la empresa Apliser S.A. en Uruguay, está terminada, dijeron fuentes judiciales. Agregaron que aguardan informes de otros países para finalizar su trabajo en este caso y elevarlo a la Justicia. Si los datos que se aguardan del exterior demoran, el grupo entregará un informe preliminar a la jueza Gatti.

Basada en esos elementos, la magistrada comenzará a tomar declaraciones a las partes involucradas. Hasta ahora, solamente se llevó adelante un allanamiento en el estudio contable que trabaja para Apliser S.A. de donde se incautó documentación relativa al caso que está siendo analizada.

Este expediente tuvo su inicio en una denuncia anónima que llegó al Juzgado de Gatti y que refería a presuntas irregularidades en exportaciones de libros a Venezuela.

El caso tuvo trascendencia pública luego que el senador nacionalista Ruperto Long difundió que Apliser S.A. -que comenzó a funcionar en 2008- quedó en el puesto número 21 de la lista de mayores exportadores de Uruguay en el primer semestre de 2009, al exportar libros a Venezuela por US$ 32 millones.

Uno de los elementos que más sospechas generó al legislador es la diferencia entre el costo del producto y el valor de exportación, puesto que el costo aproximado de cada libro rondó los US$ 6 y fueron vendidos a US$ 498 cada uno. El grupo especial detectó casos similares de exportaciones sospechosas, de los que también recaba información.

A nivel tributario, se deberá esperar a que la empresa cierre su ejercicio económico el próximo 31 de diciembre. Desde ese día, la firma tendrá cuatro meses para realizar el pago correspondiente.

Según estimaciones, Apliser S.A. podría tener que pagar un total cercano a los US$ 9 millones por concepto de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Sin embargo, desde la empresa se sostiene que el negocio no puede ser gravado, ya que por ley las exportaciones de libros y revistas cuentan con franquicias tributarias.

SIN PAGO. En tanto, el abogado de Apliser S.A., Jorge Barrera, dijo a El País que los procedimientos que se están realizando a nivel judicial son "absolutamente correctos".

Destacó que es importante que se investigue el caso para "llegar a la verdad material de los hechos, en los que quedará claro que no hubo ninguna irregularidad ni un ilícito penal ni en Uruguay ni en Venezuela", señaló Barrera.

"Nos parece perfecto que intervengan en la investigación todos los organismos estatales que sean necesarios, pero eso no debilita el hecho de que fue un negocio transparente y legal", insistió el abogado especialista en delitos económicos.

Por otro lado, Barrera informó que Apliser S.A. "todavía no cobró" en Venezuela, a pesar de que las exportaciones en cuestión tuvieron lugar en diciembre de 2008 y en febrero de 2009. Al respecto, dijo que no hay un plazo establecido para que se efectivice el pago.

El abogado explicó que la demora obedece a que en Venezuela, los negocios de importación son regulados por dos organismos independientes: uno que se ocupa de otorgar las licencias y otro que tiene por función liquidar el monto de las divisas de la transacción.

En esa segunda etapa se encuentra el negocio realizado por Apliser S.A. "La empresa no puede cobrar hasta tanto no se expida la autorización para liquidar las divisas", dijo Barrera.

Pedido de informes a la DGI

El senador nacionalista Ruperto Long presentó esta semana un pedido de informes al Ministerio de Economía, para saber si la Dirección General Impositiva tomó alguna medida "de garantía" en relación a Apliser S.A. También requirió información sobre la empresa en el Registro Nacional de Comercio y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El director de la DGI, Nelson Hernández, explicó a El País que el organismo no puede tomar ninguna medida en relación a Apliser S.A. hasta tanto no se determine si existe o no una deuda.

El País Digital

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