Escritores y editores reaccionan ante el anuncio de que el libro no es mercancía


"El libro no puede ser visto como una mercancía". Así de simple. El autor de la frase es el presidente de la República, Hugo Chávez, quien el sábado pasado, mientras conmemoraba un año más de la muerte de Simón Rodríguez, aconsejaba a las autoridades gubernamentales editar textos que lleguen a la población de manera gratuita. La intervención cayó como una sugerencia para algunos, y como un deseo de instaurar el socialismo obligatorio para otros.

Para el autor de La otra isla, Francisco Suniaga, la idea del Presidente puede contribuir a la demagogia.

"Si el Estado llegara a producir todos los libros, se corre el riesgo de que ocurra lo mismo que en Cuba: tendríamos que leer solamente lo que el Gobierno imprima. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, es un autor que no se lee allá, pues al señor de Cuba no le gusta. Claro, los libros de las escuelas deben de ser totalmente gratuitos. ¿Pero el Estado también va a imprimir libros de Orhan Pamuk o de José Saramago? ¿Va a producir esos libros, en vez de textos para los venezolanos? Si es así, tendrá que pagarles un sueldo a los autores nacionales. Es la única manera de que una idea así pueda existir: que se beneficien los editores, escritores y proveedores de libros", afirma Suniaga.

En cambio, para Carlos Noguera, autor de Los cristales de la noche, el anuncio del Presidente Chávez no es más que el camino o la senda a seguir: "Esa es una aspiración. Claro, en algún momento debería ser gratuito. Monte Ávila ha editado 253 mil ejemplares de la Biblioteca Básica de Autores Venezolanos y la cuarta parte se han regalado en los consejos comunales. Estamos en un proceso de ensayo. Ese es un escenario y no sería problema, el Estado pagaría los derechos de autor".

En todo caso, está en el espíritu de la actual administración editar masivamente. De allí que se haya puesto a funcionar la Imprenta del Ministerio de la Cultura, una maquinaria con capacidad para producir 20 millones del libro al año, operativa desde 2007, pero que no termina de dar los frutos prometidos.

El deseo de la gratuidad del libro también es compartido por Yolanda de Fernández, presidenta de la Cámara Venezolana del Libro, quien cifra sus esperanzas en que el libro regrese al rubro uno y vuelva a ser declarado como bien prioritario. Sin embargo, se pregunta: "¿De qué vivirían las editoriales? ¿Y las librerías? ¿Cómo se pagarían los derechos de autor? Por supuesto que me encantaría que todos accedieran a la cultura".

Alega que el proceso de producción del libro es sumamente costoso por la cadena que implica, tanto desde su hechura como su distribución: autores, diagramadores y diseñadores, ilustradores, impresores, distribuidores, libreros, vendedores.

"Es imposible que el Estado asuma tal costo, y no conozco ningún país que lo haga. Ni siquiera en España, pues allá lo que recomiendan es que un mismo libro tenga exactamente el mismo precio independientemente del lugar donde lo vendan", concluye.

Dubraska Falcón / Ana María Hernández G.
EL UNIVERSAL

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